Comunicado de Prensa Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales – Comité Intergremial de Caldas (CIC)

El Comité Intergremial de Caldas destaca la gestión llevada a cabo por parte de la Alcaldía y el Concejo Municipal para actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales, el cual hace importantes contribuciones a nuestro Municipio, como son: los avances en el reconocimiento y definición de esquemas de gestión para las áreas que presentan amenazas, la derogatoria de la inequidad normativa urbana y los esquemas de planificación predio a predio impuestos por las Piezas Intermedias de Planificación y en sustitución de ello, la definición de normas por sectores; la corrección de la alta dispersión normativa; el reconocimiento de la Estructura Ecológica de Soporte y las opciones para su consolidación durante el tiempo de vigencia del nuevo plan, entre otros logros, que esperamos contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.

No obstante, vemos con preocupación que el nuevo POT deja en nuestra opinión sin una respuesta adecuada asuntos que son estructurales para el municipio, como son: la seguridad jurídica de las inversiones en la ciudad, el acceso a la vivienda por parte de las familias de estratos medio y bajo y la saturación en la conformación urbanística a partir de la no configuración de retiros adecuados entre edificaciones.

Es claro que el municipio en la dinámica de oferta y demanda de suelo urbanizable para vivienda de interés social presenta una condición de escasez que no quedó resuelta en el nuevo POT, por lo que es previsible un aumento del costo del suelo debido a la limitación de la oferta, que muy seguramente se verá reflejado en el precio final de la vivienda. Este aspecto recaerá de forma directa en las posibilidades de construcción del segmento de interés prioritario – VIP (viviendas con valor comercial de hasta 70 salarios mínimos mensuales – $51.640.190 a precios de hoy), anulando prácticamente las opciones de su desarrollo y dejando como única opción, para aquellos que logren un equilibrio y un retorno de inversión satisfactorio con respecto al precio del suelo, la construcción de vivienda de interés social – VIS con valor comercial en el tope, (viviendas con valor comercial de 135 salarios mínimos mensuales – $99.591.795 a precios de hoy).

El impacto de este escenario se reflejará en que los manizaleños de menos ingresos verán limitado su acceso a casa propia a través de los subsidios para la compra de vivienda que ofrece el Gobierno Nacional y por ende, se afectará la calidad de vida de una importante porción de población de nuestro municipio, principalmente aquella que habita en zonas de riesgo y que requiere de soluciones de vivienda subsidiadas tipo VIP en el corto plazo.

De otra parte, las situaciones que se vivieron en el Concejo durante el proceso de adopción del nuevo plan de ordenamiento, han generado una gran incertidumbre en la estabilidad de las decisiones públicas, que va en detrimento de las inversiones a mediano y largo plazo en la ciudad.

Para los empresarios y para la ciudadanía en general, es esencial contar con reglas de juego claras y a largo plazo que ofrezcan seguridad a los proyectos que le aportan al desarrollo sostenible, económico y social de la región. Bajo esa perspectiva, la introducción de cambios en las reglas, sin consideración las decisiones públicas previas y las actuaciones administrativas conformes a ellas, es una situación que pone en riesgo posibles opciones de nuevas inversiones de mediano y largo plazo en la ciudad, como por ejemplo los procesos de renovación urbana que propone el mismo Plan de Ordenamiento Territorial para una gran cantidad de suelo urbano, que requieren de una gestión de alta complejidad que demanda un buen tiempo. No se trata únicamente de si existen o no derechos adquiridos, susceptibles de ser exigidos legalmente, sino de la necesidad que tienen los inversionistas de prever los riesgos y estimar su costo desde un principio, de tal manera que si se inicia un proceso, este culmine con base en las condiciones previsibles al inicio sin cambios sustanciales durante la vida del proyecto. Cambios sustanciales en la orientación del modelo de desarrollo de la ciudad, como los introducidos en el POT, reducen la probabilidad de que se hagan inversiones de largo plazo que, usualmente, requieren de estabilidad normativa. Será que si se consideran como riesgos a cuantificar los cambios normativos del uso del suelo, seremos competitivos para atraer inversión nueva?

Finalmente, resulta preocupante que las decisiones tomadas en materia de normas urbanísticas, conduzcan a retroceder en asuntos de la calidad de vida urbana que ya se consideraban superados. La ciudad ya vivió los desarrollos inmobiliarios predio a predio, ausentes de retiros entre edificaciones que generaron la saturación que hoy se tiene de edificios de cinco pisos o más en algunos sectores de la ciudad, que se construyeron en lotes pensados inicialmente para viviendas unifamiliares, que se ventilan e iluminan en su mayoría por patios interiores y que obstruyen la contemplación paisajística, lo que se ha traducido en una disminución de la calidad en la habitabilidad de esas zonas. La decisión que se adoptó en el nuevo POT de eliminar los retiros laterales y de ofrecer pocos estímulos para la integración inmobiliaria, es una decisión que si bien viabilizará unos predios de escaso tamaño y generará una dinámica económica temporal, no redundará en calidad de vida.

En este orden de ideas, el Comité Intergremial de Caldas, invita a promover una conversación sobre la necesidad de generar condiciones que garanticen la competitividad y el desarrollo del territorio, teniendo como fin último la calidad de vida de los ciudadanos y apunte al equilibrio entre el desarrollo económico, social y la protección del medio ambiente.

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